Andalucía cerró el año 2023 con una deuda de 38.649 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al cierre del año anterior de 770 millones de euros. Esta cifra, hecha pública por el Banco de España en su informe anual, mantiene a Andalucía como la tercera comunidad con un mayor volumen de deuda pública por detrás de Cataluña (85.986 millones de euros) y de la Comunidad Valenciana (57.993 millones de euros).

No obstante, para evaluar el nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma es fundamental establecerlo en relación con el PIB autonómico. Y en este ámbito, Andalucía está muy por debajo de la media de las comunidades autónomas. Al cierre de 2023, la deuda representaba el 19,8% del PIB autonómico mientras que a la finalización de 2022, se situaba en el 21%. Está por debajo de la media nacional (22,2%) y de las comunidades de Cataluña (31%) y Valencia (42,2%).

El endeudamiento de Andalucía, tanto con entidades bancarias privadas como con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico o con el Banco Central Europeo, se ha venido incrementando en términos cuantitativos de forma progresiva durante los últimos 20 años al mismo tiempo que se incrementaba el PIB.

Hace 10 años, al cierre de 2013, la deuda total de Andalucía ascendía a 24.441 millones de euros, lo que representaba entonces un 18% del Producto Interior Bruto de la comunidad. En el año del cambio de gobierno, 2018, las cifras del Banco de España situaban la deuda autonómica en 35.439 millones de euros, que suponía entonces un 22,1%. del PIB. Así, en estos cinco años aunque la deuda ha subido en 3.000 millones de euros, está 2,3 puntos por debajo en relación con el PIB.

La previsión para el año 2024, reflejada en los Presupuestos de la Junta de Andalucía es que se mantenga ese crecimiento sostenido de la deuda en paralelo al incremento del PIB. Concretamente, se estima un aumento máximo de 424 millones de euros como máximo si se cumplen las previsiones. Para ello, se amortizarán créditos existentes y, al mismo tiempo, se solicitarán nuevas operaciones de endeudamiento por un importe de 3,872 millones de euros tanto a través del Fondo de Facilidad Financiera del Estado como de operaciones de deuda privada en los mercados.

Las comunidades autónomas están a la espera de que el Ministerio de Hacienda fije los criterios con los que plantea extender a todos los territorios el compromiso de quita de deuda adquirido con el Gobierno catalán en el marco de los acuerdos de investidura.