La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado que el SMI acumula un aumento del 54% desde el año 2018. "Entonces era de 735 euros al mes y hoy es de 1.134, una subida que va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, especialmente, de las trabajadoras de nuestro país".

 

En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado que se ha producido una revalorización sistemática del SMI, que hoy supone 398 euros al mes y 5.573 euros al año: "Queda camino por recorrer y todavía estamos alejados de las medias europeas, pero se va reduciendo la desigualdad y hoy España es un país mejor". "Es un paso de gigante en un país de rentas salariales moderadas", ha añadido.

 

Por otra parte, Díaz ha señalado que la distancia entre la renta salarial de España y la media de la Unión Europea es de 19 puntos, por lo que hay que seguir incrementando todos los salarios, no sólo el mínimo.

 

A juicio de la vicepresidenta segunda, la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial y contra la desigualdad es el Salario Mínimo Interprofesional, que es "una herramienta feminista por excelencia", que ha permitido que España haya reducido la brecha retributiva en 25 puntos respecto a la que había antes de la pandemia.

 

Yolanda Díaz también se ha referido a las diferencias retributivas entre los directivos y los asalariados. "Tenemos un salario medio humilde, de 1.545 euros brutos al mes, que tiene que ser mejorado". Un directivo del Ibex gana 54 veces más y algunos dirigentes de las entidades financieras hasta 200 veces, ha remarcado.

 

Además, la vicepresidenta segunda ha abogado por la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial.

 

Condiciones laborales transparentes y previsibles.

 

El Consejo de Ministros también ha acordado transponer una directiva europea relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles, que supone un paso más en la lucha contra la precariedad laboral, en especial de las mujeres.

 

La titular de Trabajo ha subrayado que la norma prohíbe el trabajo a llamada y los contratos a cero horas, por lo que los trabajadores no tendrán que estar permanentemente a disposición del empresario.

 

La norma exige que la empresa haga constar por escrito, de forma estricta, todas las condiciones de la relación laboral, como la duración del contrato, el tipo de jornada y su distribución horaria, los registros, el salario y la duración del periodo de prueba.

 

"Creo que muchas trabajadoras del sector de la distribución y del sector servicios hoy van a ser felices, pues no se van a poder modificar las jornadas laborales en los contratos a tiempo parcial como mecanismo para bajar sus salarios", ha resaltado Yolanda Díaz.

 

La directiva también establece que la negociación colectiva no puede empeorar las condiciones laborales de los empleados. Y las empresas no podrán prohibir el pluriempleo a sus trabajadores.

 

La vicepresidenta segunda ha avanzado que la vulneración de cualquiera de las normas transpuestas conlleva la transformación de los contratos en indefinidos a tiempo completo.

 

Rebaja de las retenciones del IRPF

 

 

El Consejo de Ministros ha modificado el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para acompasar las retenciones al incremento del SMI aprobado hoy. La modificación implica que los trabajadores que cobren hasta ese umbral estarán exentos de las retenciones por el IRPF en sus nóminas. Si el año pasado la cuantía mínima se elevó de 14.000 a 15.000 euros, en esta ocasión alcanza los 15.876 euros, el equivalente al SIM anual.

 

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enmarcado esta medida en las políticas del Ejecutivo para mejorar la calidad del empleo y proteger las rentas de los trabajadores. También la ha vinculado a la "buena evolución" de la economía española, que es la que más crece entre los grandes países de la Unión Europea.

 

Montero ha destacado que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2023, un 2,5%, ha superado todas las previsiones, incluidas las del Gobierno, y que, "lejos de frenarse, la economía española se ha acelerado en el último trimestre del año", con un crecimiento del 0,6%, el doble que Alemania. También ha resaltado que la renta de los hogares ya es un 6% superior al nivel prepandemia, la deuda de los hogares se ha reducido al nivel más bajo desde el año 2002 y España se encuentra por debajo de la media en presión fiscal.

 

La vicepresidenta primera ha aclarado que la modificación del IRPF, que requiere rango de ley, se incluirá en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Lo que hoy ha aprobado el Gobierno es la modificación del Reglamento para que a esos trabajadores ya no se les apliquen retenciones que disminuirían su renta mensual y que Hacienda les devolvería el próximo año.

 

Mayor justicia fiscal

 

Al ser el IRPF un impuesto progresivo, la elevación del mínimo a partir del cual se practican las retenciones beneficia a otros trabajadores con rentas bajas y medianas, tanto asalariados como pensionistas. En concreto, 5,2 millones de contribuyentes con rentas inferiores a 22.000 euros se van a ahorrar en total 1.385 millones de euros en 2024 gracias a esa medida. Por ejemplo, una persona con un salario de 18.500 euros, el sueldo más frecuente en España, pagará 1.128 euros en retenciones por el IRPF frente a los 1.328 euros del año pasado.

 

Por el contrario, ha resaltado Montero, el Ejecutivo está exigiendo un mayor esfuerzo "a los que más tienen": ha incrementado la tributación de rentas de capital superiores a los 200.000 euros, ha aprobado impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas y ha establecido un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las multinacionales. "Sin justicia fiscal no hay justicia social", ha afirmado.

 

Subida adicional del 0,5% para los empleados públicos

 

El Ejecutivo ha aprobado un incremento retributivo del 0,5% para el conjunto de empleadas y empleados de las Administraciones Públicas. La vicepresidenta primera ha recordado que esa subida ya estaba recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, como parte del Acuerdo para una Administración del siglo XXI firmado con las organizaciones sindicales.

 

El aumento estaba condicionado a la evolución de la economía, en concreto a que el PIB nominal del año 2023 superara el 6%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ese indicador creció un 8,6%. "La economía va bien y, por tanto, acompañamos los salarios de nuestros empleados públicos en esta coyuntura económica", ha manifestado María Jesús Montero.

 

La ministra de Hacienda ha apuntado que el Ejecutivo también abonó el año pasado el aumento del 0,5% de las retribuciones ligado a la inflación, "de manera que con esto damos cumplimiento a la totalidad de los compromisos para el año 2023 que se suscribieron con los agentes sociales".

 

La subida salarial acordada para este año es del 2%, con la posibilidad de otra alza adicional del 0,5% vinculada a la evolución de los precios. En total, entre 2022 y 2024 el aumento podría alcanzar el 9,5%. "Esto es lo que nos mueve, y así seguiremos trabajando a lo largo de la legislatura, acompañando a los ciudadanos en su bienestar y particularmente a los empleados públicos, que son el talento y la excelencia que tenemos que cuidar en el conjunto de la Administración Pública, tanto en la general como en las administraciones territoriales", ha sostenido Montero.

 

Compromiso del Gobierno con el sector primario

 

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha trasladado el compromiso del Ejecutivo con los agricultores, los ganaderos y los pescadores: "Vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles y respaldándoles".

 

En este sentido, Pilar Alegría ha trasladado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy el listado de los 140.000 agricultores beneficiados por la ayuda extraordinaria para paliar los efectos de la sequía dotada con casi 270 millones de euros.