16:31h. Jueves, 05 de diciembre de 2019

José María Gómez, Pepín, y Natacha Rivas denuncian la falta de transparencia de la Mancomunidad de Municipios

Desde hace más de siete meses, el vocal José María Gómez Muñoz, edil del Partido Andalucista en Rincón de la Victoria, ha solicitado en varias ocasiones -por escrito y la última en el pleno de ayer 20 de marzo, las facturas de los viajes relacionados con las ferias de Turismo a las que había acudido el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Juan Peñas  y el presidente, Gregorio Campos, en los años 2016, 2017 y 2018.

“Usted está ocultando algo. Dice que lo va a dar, pero no lo da. Reconozca que está mintiendo. La información nos pertenece por ley”, ha indicado el vocal andalucista a Campos. “7 u 8 meses y usted no da la documentación. Usted está incumpliendo y mintiendo”, asegura.

En este sentido, Natacha Rivas, vocal del Partido Popular, ha pedido documentación relativa a 4 facturas “desde hace 4 meses” y ha indicado al presidente que “la pediré por otras vías”.

Campos, por su parte, ha respondido argumentando que “estaba casi todo montado” pero que el interventor estaba ausente. Según alegaba, el interventor llevaba varios días fuera en un viaje personal.

Sin embargo, Gómez ha ido más allá y ha preguntado a Campos “¿cómo puede decir que no tienen la documentación, si todos los años se aprueban las facturas?, ya que en 2017 se aprueban las de 2016, en 2018 las de 2017 y en 2019 las de 2018?

Según ha declarado Gómez Muñoz, “PSOE e Izquierda Unida piden mucha transparencia en otros municipios, pero ya vemos la transparencia que ofrecen ellos aquí”. “Están entorpeciendo la labor de la oposición y la libertad democrática”, añade el vocal.

De continuar la negativa del equipo de gobierno del ente mancomunado a aportar la información que la oposición solicita, podrían estar vulnerando presuntamente varios artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (14, 15 y 16); también en concreto el artículo 77 de Ley de Bases del Régimen Local; además del artículo 23 de la Constitución española sobre las libertades de participar en los asuntos públicos, el artículo 542 del Código Penal, que se refiere a las actuaciones de la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes; y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.