La plataforma contra la subestación eléctrica de Torrox presenta un dosier de estudios médicos al Ayuntamiento.

El colectivo contacta con un geobiólogo para poner de relieve los riesgos que conllevaría su construcción.
La plataforma contra la subestación eléctrica de Torrox critica la "falta de nulidad y veracidad" por parte del Ayuntamiento.
La Fiscalía de Medio Ambiente investiga la ubicación de la subestación eléctrica de Torrox

La construcción de una subestación eléctrica en las cercanías de tres centros educativos y numerosas viviendas en la zona de Torrox Park ha suscitado la "inquietud" entre las familias afectadas. A pesar de los intentos infructuosos por detener la infraestructura, la plataforma ciudadana se ha propuesto abordar estos problemas y ha buscado la asesoría del geobiólogo Joan Carles López para obtener claridad sobre los posibles riesgos asociados. Gracias al estudio del geobiólogo, la plataforma presentó al Ayuntamiento un dosier de estudios médicos que respaldaría sus preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la salud.

 

Según López, experto en la materia, la legislación actual "se encuentra obsoleta y no aborda adecuadamente los riesgos potenciales de una exposición prolongada a la radiación eléctrica". 

 

Durante el pleno del lunes 29 de enero, miembros de la plataforma ciudadana intentaron expresar su preocupación entregando al alcalde del municipio, Óscar Medina, durante la sesión en la que se aprobaban los presupuestos, un dosier con estudios médicos sobre los posibles riesgos. Sin embargo, la tensión aumentó y "el alcalde amenazó con expulsar a uno de los integrantes de la plataforma", ha declarado la plataforma en un comunicado.

 

Los vecinos afectados por la ubicación de estas obras han insistido en que están defendiendo la salud de sus hijos y han exigido a las autoridades que apliquen el principio de prevención según la resolución 1815 del Consejo de Europa. "A pesar de la resistencia de las autoridades locales", estas familias continúan estudiando nuevas acciones y depositan su confianza en que la Fiscalía de Medio Ambiente, que está investigando el caso, "se pronuncie favorablemente y ordene la paralización de las obras".