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A partir del mes de febrero se procederá a sancionar a los propietarios que no cumplan con su deber de retirarlas, así como por no identificar a los perros mediante la prueba de ADN.

Las cuantías de ambas sanciones oscilan entre 75 y 500 euros.

Durante los últimos años, se han desarrollado distintas acciones informativas para dar a conocer la normativa.