Presunta estafa en la Axarquía: 16 familias agricultoras atrapadas en un limbo judicial mientras la empresa señalada sigue operando
10 de mayo de 2025 (19:49 h.)
Dieciséis familias agricultoras de la Axarquía viven desde hace más de tres años una pesadilla que combina la impotencia económica con una lenta respuesta judicial. Acusan a la comercializadora almeriense La Unión de una presunta estafa que les ha dejado sin cobrar cerca de medio millón de euros en productos agrícolas, fundamentalmente tomates, pimientos, pepinos y aguacates.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha sacado a la luz esta situación y ha convocado una concentración de apoyo el próximo 14 de mayo frente a los juzgados de Vélez-Málaga. La protesta busca presionar para que se agilicen los expedientes judiciales que permanecen estancados desde hace meses. Mientras tanto, los pequeños productores afectados sobreviven con economías familiares al límite, esperando una justicia que no llega.
Según fuentes de COAG, los impagos comenzaron a finales de 2021, momento en el que los agricultores notaron que las facturas de sus ventas aparecían repentinamente a nombre de otra empresa con la que nunca habían mantenido relación alguna. Desde entonces, el caso ha estado marcado por una compleja maraña de papeles, empresas interpuestas y una falta total de avances legales.
“La situación es indignante”, afirma Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG en Málaga. “Las empresas implicadas siguen operando, mientras los agricultores se ahogan en deudas y abandono institucional”. La Unión, empresa señalada, entró en concurso de acreedores en el verano de 2024, pero ha logrado reflotar su economía y continúa su actividad comercial sin haber saldado los pagos pendientes con estas familias.
La inacción administrativa ha generado una sensación de abandono total. Desde 2024, los expedientes esperan ser asignados a un funcionario que inicie su tramitación, un paso básico que aún no se ha dado. En un contexto económico tan frágil como el del campo andaluz, este tipo de bloqueos judiciales pueden representar la diferencia entre subsistir o abandonar la actividad agrícola.
Este caso pone el foco, una vez más, en las deficiencias del sistema de justicia en materia de protección a los pequeños productores, así como en la opacidad de algunas relaciones comerciales en el sector agroalimentario. Las familias afectadas no piden favores: solo exigen que se les pague lo trabajado y que se les escuche. La cita del 14 de mayo será más que una concentración: será un grito desesperado por justicia.