La controversia ha escalado después de que elDiario.es publicara mensajes internos y testimonios de profesionales que describen instrucciones explícitas para conservar reactivos rechazados por las máquinas de análisis. En uno de los mensajes difundidos puede leerse: “Si algún reactivo sale caducado (…) no lo tiréis”. Según las informaciones publicadas, algunos trabajadores habrían cambiado etiquetas o manipulado fechas de caducidad para poder reutilizar determinados productos. 

 

Qué son los reactivos y por qué son importantes

 

Los reactivos son sustancias químicas esenciales para realizar análisis clínicos de sangre, orina y otras muestras biológicas. Su estabilidad y fecha de caducidad son determinantes para garantizar resultados fiables. Cuando un reactivo pierde estabilidad, el fabricante deja de asegurar la precisión diagnóstica.

 

El caso adquiere especial relevancia porque, según recuerdan expertos sanitarios y el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), alrededor del 70% de las decisiones clínicas se apoyan en pruebas de laboratorio. Un resultado alterado podría traducirse en diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados o retrasos terapéuticos. 

 

Entre los reactivos presuntamente reutilizados habría algunos destinados a detectar niveles de medicamentos, infecciones bacterianas o patologías hepáticas y cardíacas. Las fuentes consultadas por distintos medios sostienen que la práctica afectaría principalmente a pruebas menos frecuentes, cuyos reactivos tardan más tiempo en consumirse y tienen más riesgo de caducar antes de agotarse.

 

El ahorro como objetivo

 

La dimensión más controvertida del caso surgió tras conocerse documentos internos del laboratorio correspondientes a 2023 y 2024. En ellos figuraban objetivos vinculados al control del gasto en reactivos y a la reducción de material desechado.

 

Según la documentación revelada, uno de los objetivos de la unidad era “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”. A nivel individual, también se valoraba positivamente “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad”. El cumplimiento de estos objetivos influía en el cobro de complementos de productividad para trabajadores y responsables del servicio. 

 

Los documentos reflejan además una reducción cercana al 30% en el objetivo de consumo de reactivos entre 2023 y 2024, pasando de más de 1,9 millones de euros a alrededor de 1,36 millones. Diversas fuentes sindicales interpretan ese descenso como una presión añadida para reducir gasto. 

 

El SAS destina cientos de millones de euros anuales a incentivos ligados al rendimiento profesional. Según los datos publicados, un jefe de servicio podía percibir más de 14.000 euros anuales en productividad variable, mientras que los cargos directivos podrían alcanzar cantidades mucho más elevadas. 

 

Las denuncias y la respuesta oficial

 

CSIF denunció inicialmente el caso ante la gerencia del hospital y posteriormente decidió acudir a la Fiscalía Provincial de Málaga al considerar insuficiente la investigación interna desarrollada por el centro.

 

El sindicato sostiene que la utilización de reactivos fuera de las condiciones marcadas por el fabricante podría haber comprometido la fiabilidad de miles de análisis clínicos. También afirma que existían instrucciones verbales y escritas para conservar material que debía desecharse. 

 

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud ha negado las acusaciones y asegura que la investigación interna concluyó que la denuncia era “falsa”. El SAS también ha subrayado que no tiene constancia oficial de actuaciones judiciales más allá de las ya anunciadas públicamente. 

 

Parte del personal del laboratorio ha defendido igualmente la profesionalidad del servicio y rechaza que existiera manipulación deliberada de resultados. Algunos trabajadores sostienen que las incidencias técnicas forman parte de la actividad habitual de cualquier laboratorio y que existen protocolos de control para garantizar la seguridad del paciente.

 

Un episodio especialmente delicado

 

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es describe un episodio ocurrido en enero de 2025 relacionado con una menor ingresada por una posible intoxicación con paracetamol. Según la versión publicada, las técnicas del laboratorio encontraron varios reactivos ya caducados y la obtención del análisis se retrasó varias horas hasta localizar un reactivo válido. 

 

Aunque no existe constancia pública de daños clínicos concretos derivados de estas presuntas prácticas, el caso ha generado inquietud entre profesionales sanitarios y usuarios del sistema público de salud.

Un debate más amplio sobre la sanidad pública

 

La polémica también ha reabierto el debate sobre la gestión económica en la sanidad pública andaluza y sobre el sistema de incentivos ligado al ahorro presupuestario.

 

Sindicatos y organizaciones profesionales llevan años cuestionando que parte de la productividad del personal sanitario dependa de objetivos económicos. Sus críticos consideran que este modelo puede introducir presiones incompatibles con criterios exclusivamente asistenciales. 

 

El SAS, sin embargo, defiende estos sistemas como herramientas para mejorar la eficiencia y racionalizar recursos en un contexto de elevada presión presupuestaria.

 

Mientras tanto, la investigación judicial anunciada por CSIF podría ser decisiva para aclarar si las prácticas denunciadas fueron hechos aislados, errores operativos o una dinámica estructural dentro del laboratorio del Hospital de La Axaquia.