El concejal de Seguridad y Transporte, Francisco Arce, ha defendido la intensificación de estos dispositivos como parte de una estrategia "para garantizar la convivencia, la seguridad y la igualdad de condiciones" entre los comerciantes que operan dentro de la legalidad. En declaraciones institucionales, Arce ha subrayado que la retirada de estos productos contribuye también a proteger los derechos de los consumidores, que podrían adquirir mercancía sin garantías ni controles de calidad.

 

Los operativos, que se han saldado con la incautación de más de un millar de objetos, se enmarcan en un plan de vigilancia que el consistorio asegura que se mantendrá y reforzará en las próximas semanas, especialmente durante la temporada alta turística, cuando aumenta la presión sobre el espacio público y la actividad comercial informal.

 

Sin embargo, no todas las voces respaldan la dureza de estos controles. Organizaciones que agrupan a vendedores ambulantes han señalado, en conversaciones con este periódico, que muchas de estas personas ejercen esta actividad por falta de oportunidades laborales y que las campañas de incautación, sin ir acompañadas de medidas de inserción o regularización, solo desplazan el problema sin abordar sus causas. Fuentes consultadas en el ámbito del comercio local, por el contrario, aplauden la iniciativa y reclaman una presencia policial aún más constante para evitar lo que consideran una competencia desleal.

 

El concejal Arce no ha entrado en ese debate, pero ha insistido en que "el objetivo es claro": defender a quienes cumplen las normas y ofrecer a vecinos y turistas un entorno de compra seguro. Mientras tanto, los agentes locales continúan con su labor diaria de patrullaje, en una lucha que, a juzgar por las cifras de esta última actuación, está lejos de cesar.