Según recoge la resolución de la Sección Octava de la Audiencia, los hechos ocurrieron entre los años 2022 y 2023 y se desarrollaron a través de varias empresas con actividad real y de una asociación dedicada teóricamente a la ayuda de personas migrantes. El tribunal concluye que los condenados aprovecharon la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros que carecían de autorización para trabajar en España, prometiéndoles regularizar su situación administrativa, una promesa que nunca llegó a materializarse.

 

La investigación judicial determinó que los acusados facilitaban a los trabajadores documentación perteneciente a otras personas extranjeras que sí se encontraban en situación legal en España. Se trataba de documentos auténticos utilizados de forma fraudulenta ante las autoridades laborales y policiales para encubrir la verdadera identidad de quienes desempeñaban las labores contratadas.

 

Jornadas permanentes y condiciones degradantes

 

Uno de los aspectos más graves reflejados en la sentencia se refiere a las condiciones laborales impuestas a algunos de los trabajadores. El tribunal considera acreditado que varias de estas personas realizaban su actividad sin contrato laboral, sin alta en la Seguridad Social y bajo jornadas que vulneraban de forma absoluta la normativa laboral vigente.

 

Entre los casos analizados figura el de un trabajador empleado como vigilante de obras en distintas localidades de la provincia de Málaga. Según la resolución, percibía un salario mensual de 800 euros a cambio de permanecer las 24 horas del día en las instalaciones que debía custodiar. El trabajador carecía de descansos semanales o vacaciones y, además, estaba obligado a dormir y permanecer en la propia obra, utilizando cartones como lugar de descanso y sin posibilidad de abandonar el recinto.

 

La sentencia también recoge que los trabajadores recibían instrucciones específicas para evitar ser detectados por la Inspección de Trabajo. En caso de una visita inspectora, debían manifestar que se encontraban en la obra visitando a un amigo y no desempeñando actividad laboral.

 

Hacinamiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad

 

Los magistrados consideran igualmente probado que los acusados alquilaron una vivienda en la que llegaron a estar empadronadas hasta quince personas. Algunas de ellas eran trabajadores vinculados a la actividad de los condenados y residían en condiciones de hacinamiento, alquilando habitaciones dentro del inmueble.

 

Para la Sala, la actuación de los acusados se sustentó en el aprovechamiento de la situación de necesidad de los trabajadores, quienes dependían del empleo para subsistir y aspiraban a regularizar su situación en España. La resolución subraya que los condenados eran plenamente conscientes de esa vulnerabilidad y la utilizaron para imponer condiciones laborales abusivas y contrarias a la legislación española.

 

Condenas y firmeza de la sentencia

 

El principal acusado ha sido condenado por delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores —incluida la imposición de condiciones laborales abusivas— y por falsificación de documentos oficiales y mercantiles. La pena total asciende a cuatro años y nueve meses de prisión.

 

Por su parte, la mujer ha sido condenada por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, con una pena de 21 meses de cárcel.

La sentencia ya no admite recurso, al haber sido dictada tras un acuerdo de conformidad alcanzado entre los acusados y la Fiscalía de Málaga.

 

Una realidad persistente

 

El caso vuelve a poner el foco sobre las situaciones de explotación laboral que afectan a trabajadores extranjeros en situación irregular, especialmente en sectores donde la inspección resulta más compleja o donde existe una fuerte dependencia de mano de obra vulnerable. Organizaciones sociales y sindicatos vienen alertando desde hace años de que la falta de documentación administrativa puede convertirse en un factor de riesgo para la aparición de abusos laborales, situaciones de infravivienda y formas de explotación difíciles de denunciar por miedo a represalias o a procesos de expulsión.

 

La resolución judicial de la Audiencia de Málaga constituye uno de los ejemplos más recientes de la actuación de los tribunales frente a prácticas que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y que, según la propia sentencia, llegaron a situar a algunas de las víctimas en condiciones incompatibles con los estándares mínimos de dignidad laboral y humana.